Desde hace más
de tres lustros, la universidad venezolana está siendo sometida a un acoso
implacable del régimen para quebrar su espíritu autonómico y ponerle freno a la
libre difusión y discusión de las ideas. No podía ser de otra manera, dada la
naturaleza del autócrata.
https://globovision.com/article/universidad-central-de-venezuela-295-anos-venciendo-las-sombras
Opinión / jueves 19 de diciembre de 2019
AL COMPÁS DE LA CIENCIA
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
El 5 de diciembre honramos al Profesor Universitario en su día, en recuerdo de
tal fecha en 1958 cuando Edgar Sanabria, Presidente de la Junta de Gobierno a
la caída de quien creímos sería el último dictador, sancionó el Decreto Ley N°
458 que regularía la vida universitaria bajo el principio autonómico de
gestión, refrendado luego en la Ley de Universidades y la Constitución vigentes.
A pesar de estos instrumentos legales, desde hace más
de tres lustros, la universidad venezolana está siendo sometida a un acoso
implacable del régimen para quebrar su espíritu autonómico y ponerle freno a la
libre difusión y discusión de las ideas. No podía ser de otra manera, dada la
naturaleza del autócrata.
Dicho ataque llega ahora a su zenit con el disfraz de
argumentos paralegales, concentrados en las sentencias 0324, 0389 y 0500 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La primera de
ellas, bajo el pretexto de renovar autoridades luego de años de atraso, ordena
a las universidades autónomas a celebrar elecciones tumultuarias en su seno, a
más tardar en febrero de 2020, con el indisimulado propósito de aniquilar el
Claustro Universitario y hacerse con el control institucional. De nada han
valido los recursos de oposición interpuestos por las universidades nacionales
ante la sentencia 0324, todos ellos declarados sin lugar en la sentencia 0389
por los “magistrados” del TSJ.
Como si fuera poco, el TSJ en sentencia 0500 del 9/12/19
declaró nula y carente de efectos jurídicos la designación de los profesores
Manuel Rachadell y Miguel Eduardo Albujas como representantes de la Asamblea
Nacional (AN) ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU), a la vez que les prohíben salir del país y enajenar o gravar bienes propiedad, mientras les aplican
sanciones de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro
instrumento en el sistema financiero.
Con esas decisiones el TSJ se pone una vez más de
espaldas a la Constitución de 1999, (“la mejor constitución del mundo”
¿recuerdan?), documento que consagra, como nunca antes, el principio autonómico
universitario de darse su propio gobierno a través del Claustro Universitario.
Lo más indignante es que toda esta política
sistemática de violencia destinada a sojuzgar la universidad es estimulada por
personajes egresados de esas mismas aulas, algunos de ellos incorporados a su
cuerpo profesoral o ya en posiciones cuestionables de directivos impuestos por
el CNU. Ya han surgido candidatos de currículos impresentables para ocupar la
silla de Vargas, nada menos.
Es claro que el disfraz jurídico oculta una torcedura
política que obliga al campo político universitario a enfrentarlo con la realización
de elecciones rectorales bajo el amparo cabal del Claustro Universitario, no
las elecciones tumultuarias que se pretenden imponer.
Para esto es necesario que toda la comunidad
universitaria esté cohesionada hacia ese objetivo. ¿Estarán los estudiantes, empleados
y obreros dispuestos a renunciar a lo que podrían interpretar equivocadamente
como una oportunidad de participación y no como lo que verdaderamente es, una
oferta engañosa más, un intento totalitario del régimen de usarlos como peones
para apropiarse de los últimos reductos de pensamiento libre? Ya se ha hecho en
otros institutos de investigación científica.
Los profesores de la Universidad Simón Bolívar han
recibido un primer sorbo de tal quebrantamiento al habérseles impuesto, vía CNU,
un Vicerrector Académico que en estos momentos cumple, además, las veces de
Rector interino por enfermedad del titular. La misma receta fue aplicada la
semana pasada a la Universidad del Zulia, al imponérsele un vicerrector
administrativo. De manera que todas estas acciones violatorias de leyes,
reglamentos y constitución obligan a la comunidad universitaria a acciones de
conjunto, unitarias, entre todas las universidades autónomas del país y dentro
de todos los sectores que la conforman, para reforzar los principios y valores
autonómicos. No es poca cosa.
Desde los estatutos autonómicos bolivarianos de 1827,
la autonomía universitaria en Venezuela ha sido manjar apetitoso en las fauces
de gobiernos dictatoriales o autoritarios; hasta gobiernos electos
democráticamente se han visto impulsados a morderla. Es que está en la
naturaleza humana la tentación del poder absoluto y está en nosotros ponerle
freno.
Vivimos tiempos en que no vale el silencio cómplice o
el mirar hacia otro lado. Es obligación nuestra luchar de manera cohesionada,
unitaria, por la defensa de la libertad y la democracia en todos los terrenos
de la vida nacional. Ya decía Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz: “Si eres
neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.
TUITEANDO
Esta es mi último artículo de 2019. Nos
reencontraremos en enero. Nuestros mejores deseos porque estos días navideños
traigan paz al espíritu y nos ayuden a reflexionar sobre el quehacer en 2020,
que se traduzca en realizaciones personales y en logros por un país mejor para
todos los venezolanos.
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