El asunto de la libertad académica y la autonomía universitaria ha pasado a ser materia de derechos humanos, internacionalmente reconocido. En efecto, hace pocos años el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Políticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la Observación General Nᴼ 13 relativa al derecho a la educación para incluir la libertad académica y la autonomía de las instituciones educativas como condición indispensable para el disfrute del derecho a la educación.
Llevan años atacándola. Primero fueron las bombas lacrimógenas para dispersar manifestaciones estudiantiles y profesorales dentro del recinto universitario y fuera de él, luego fusiles y balas, encarcelamientos, torturas y muertes de manifestantes, y la instalación del miedo como motor de sobrevivencia. Siguieron las tomas de Consejos Universitarios, el desmantelamiento de laboratorios y tropelías diversas en espacios universitarios emblemáticos, merecedoras de sanciones punibles por la ley, aunque beneficiarias de la lenidad del régimen, muchos de cuyos personeros son –dolorosamente- egresados de esas mismas aulas hoy mancilladas por la barbarie.
Escalando el ataque vinieron entonces las estrecheces
presupuestarias, un ahogo que hoy por hoy hace que las universidades apenas
reciban alrededor del 2% del presupuesto solicitado para su funcionamiento. En
consecuencia, ya no es solo el espacio físico en franco deterioro, sino que su
razón de ser -el cuerpo profesoral y los
estudiantes- ha quedado reducida a la
humillante condición de “pobres de solemnidad”, aquella caracterización de la
segunda mitad del siglo XVIII español con que se designaba a quienes tenían
derecho a la justicia gratuita, por carecer manifiestamente de medios de
fortuna.
Porque, ciertamente, recibir como pago mensual el
equivalente a menos de 10 dólares en el escalafón académico más alto entra en
esa tipificación dieciochesca de la pobreza última. A tal punto llega la
humillación, que circulan por las redes llamados a donar ropa usada en buen
estado como ayuda al profesorado universitario e innumerables solicitudes de
apoyo financiero (tipo GoFundMe) para la asistencia médica de colegas enfermos.
No en balde, el profesorado que aún queda en el país está desmotivado para
cumplir su función.
No bastando con todo esto, el asalto a las
instituciones de educación superior también va contra la libertad académica y
la autonomía, nuez y esencia de la vida universitaria. El artículo 109 de la Constitución establece que el Estado consagra
la autonomía universitaria para dedicarse a la búsqueda del conocimiento y para
planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación,
docencia y extensión, a la vez que autoriza a las universidades autónomas a
darse sus normas de gobierno y funcionamiento. Eso en el papel, porque la
realidad es otra.
No es solo la pretensión de agredir al claustro en las
universidades autónomas para convertirlas en asiento populista del voto
paritario universal, o sea, la comunidad académica propiamente dicha más los
sectores administrativos y obreros, en la elección de las autoridades
universitarias, en abierta violación de la Ley de Universidades. Es también la
idea, repetida una vez más en días recientes, de establecer una lista de lo que
el régimen considera “carreras prioritarias”, aquellas alineadas con el Plan de la Patria
2019-2025 que mejor se posicionarían por su utilidad para reactivar el aparato
productivo, 145 carreras mayormente centradas en cinco áreas del conocimiento
(salud, educación, producción, desarrollo industrial y construcción) .
De esa lista están excluidas diversas carreras
científicas y todas las humanistas y de las ciencias sociales, que por contraposición a las carreras prioritarias
serían improductivas e inútiles. De esta forma quedarían eliminadas de la
conciencia del país, en un retroceso a la barbarie que nos dejaría a merced de
ideas preconcebidas, prejuicios y verdades impuestas desde el poder a través de
un mecanismo violatorio de la autonomía universitaria.
Esto ocurre mientras el asunto de la libertad
académica y la autonomía universitaria ha pasado a ser materia de derechos
humanos, internacionalmente reconocido. En efecto, hace pocos años el Comité de
Derechos Económicos, Culturales y Políticos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos amplió la Observación General Nᴼ 13 relativa al derecho a la educación para incluir la
libertad académica y la autonomía de las instituciones educativas como
condición indispensable para el disfrute del derecho a la educación. Libertad
no solo para desarrollar y trasmitir ideas mediante la investigación, la
docencia, el debate, sino para expresar opiniones diversas, sin discriminación
ni miedo a la represión del Estado, en un marco de autonomía de las
instituciones de enseñanza superior.
Esta nueva disposición legal debe servirnos de norte para responder al llamado de rescate de nuestras universidades, ahora en peligro de ser sometidas a una nueva Ley de Universidades que podría aprobarse sin el consenso de la comunidad universitaria a la que serviría.
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