De esto precisamente se trata: de despojar a la sociedad civil de cualquier herramienta para la defensa de sus derechos ante un régimen cuya vocación totalitaria se hace cada vez más notoria.
https://eacnur.org/blog/colaborar-ong-formas-puedes-hacerlo/Opinión / jueves 23 de febrero de 2023
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
LA LEY CONTRA LAS ONG, RUMBO AL TOTALITARISMO
Dos
noticias recientes dan cuenta del quehacer de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) en el contexto político venezolano. Por una parte, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios reporta que casi 2,8 millones de venezolanos recibieron
ayuda en 2022, en el Plan
de Respuesta Humanitaria que la ONU aprobó para paliar la emergencia
humanitaria compleja que aqueja al país desde 2015. Estas ayudas, por un monto
de US$
319,4 millones, se concretaron en 329 de los 335 municipios del país, con
el concurso de 149 ONG, de las cuales 100 son nacionales, 27 internacionales,
11 programas de la ONU, 2 de la Cruz Roja, 9 no especificadas.
En
otra noticia, Feliciano
Reyna, fundador y presidente de @AccionSolidaria, recibió el premio
Martin Ennals para defensores de derechos humanos (DDHH) en el mundo. En el
veredicto se señala que los tres ganadores de la edición 2023 han sido firmes
en «...su valentía, pasión y determinación para darle voz a aquellos que no
tienen voz en el ámbito internacional, a pesar de los continuos desafíos, a
veces mortales, que sobrellevan».
Mientras
las ONG obtienen logros, el régimen -incansable en su desenfreno totalitario-
aprueba en primera discusión en la asamblea nacional el «Proyecto de Ley de
Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines»,
un título cuya amplitud e imprecisión sugiere que va contra toda agrupación
civil, cualesquiera sean sus fines.
El
proyecto de ley no define lo que entiende por ONG, de manera que a falta de
mejor idea, me ceñiré a la descripción del DRAE: «Organización de iniciativa
social, independiente de la administración pública, que se dedica a actividades
humanitarias, sin fines lucrativos». Dada su
naturaleza, mal podría el proyecto incluir la cláusula
democrática, a la que ahora se obligan «todos los sistemas democráticos
para indicar el compromiso de los Estados con su sociedad civil, […] elevar su
calidad democrática, […] dar mayor protección y reconocimiento de DDHH a los
grupos vulnerables, y trabajar en políticas públicas».
No en
balde, casi 450
organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado de rechazo a
«… un proyecto que suprime el derecho a la libertad de asociación y cierra el
espacio cívico, al permitir la cooptación del tejido social y tomar represalias
contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana».
«De
llegar a aprobarse en segunda discusión, se despojaría a la sociedad venezolana
de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse,
defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la
solidaridad, protección y cooperación internacional, con las cuales afrontar la
grave crisis de DDHH y la emergencia humanitaria compleja que afecta a la
mayoría de la población».
Diversos
defensores de DDHH
señalan que en sustitución del actual registro, se crea un amasijo burocrático
kafkiano, diseñado para imposibilitar el nuevo registro, declarar inexistentes
a las ONG e impedir su acción en los más diversos campos del devenir ciudadano,
sea éste emergencia humanitaria, electoral, educativo, sindical, religioso, entre
otros, con la consiguiente persecución a quien ose actuar en un escenario
“ilegal”.
De esto
precisamente se trata: de despojar a la sociedad civil de cualquier herramienta
para la defensa de sus derechos ante un régimen cuya vocación totalitaria se
hace cada vez más notoria. Ya lo ha reiterado la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales al expresar que el proyecto de ley afecta
derechos constitucionales y humanos como la libertad de asociación, expresión y
participación en asuntos públicos, el principio de legalidad, la prohibición de
discriminación y aplicación retroactiva de las leyes.
A
juicio de Rafael
Uzcátegui (@_Provea), el régimen cree
tener cuentas por cobrar contra las ONG. La ley en comento sería la factura a
pagar por la osadía de la sociedad civil y sus ONG en documentar la política de
estado promotora de infinitos casos de violaciones de DDHH y crímenes de lesa
humanidad, por ante la Corte
Penal Internacional (hasta el próximo 7 de marzo, las víctimas de
violaciones de DDHH pueden sumar nuevos casos al expediente) y la Misión internacional
independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de
Venezuela (ONU).
Esta
última es diáfana en su mensaje:
«De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno
en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La ley está
claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de
asociación». De allí que debe ser punto de honor para los venezolanos defender
la labor de las ONG y oponernos a la ley que pretende anularlas. En ello se nos
va la vida ciudadana.
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