Abdala o cualquier otro candidato vacunal del cual se ignoren datos precisos publicados en revistas especializadas o carezcan del respaldo de agencias internacionales de vigilancia sanitaria, deben ser rechazadas como vacunas para su uso masivo en la población hasta tanto no cumplan con tales requisitos.
Opinión / jueves 01 de julio de 2021
A finales del año pasado, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú inició estudios fase 3 de su producto vacunal Sputnik V para los cuales se incorporaron 40 mil voluntarios en Moscú, y otros más en Bielorrusia, India y Venezuela. ¿En qué consistía ese estudio?
Como expliqué en oportunidad anterior, para que un compuesto químico/biológico sea aceptado
como medicamento/vacuna, según sea el caso, debe transitar un largo proceso de
pruebas preclínicas en animales, seguido por otro aún más extenso de ensayos clínicos
en voluntarios humanos, en tres fases de complejidad creciente que conducirán a
darle visto bueno a la sustancia bajo estudio solo si comprueba ser eficaz y no
tóxica.
Los voluntarios humanos que aceptan formar parte de
tales experimentos lo hacen a través de un consentimiento informado y suscrito,
en conocimiento de que están bajo un protocolo experimental. Así lo exigen la Declaración de Helsinki, la Declaración Universal sobre Bioética de la Unesco y
otros documentos legales que regulan lo concerniente a experimentos en humanos.
Bajo tales parámetros, los resultados preliminares de fase 3 de Sputnik V
fueron publicados en febrero de 2021 en la prestigiosa revista científica The Lancet. De
ellos se deriva que Sputnik V goza de una eficacia de 91,6% luego de la segunda
dosis, dato que ha motivado al Centro Gamaleya a solicitar el respaldo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos
(AEM), proceso actualmente en curso. Mientras tanto, varios países, entre ellos
Venezuela, ya están aplicando ampliamente la Sputnik V como vacuna.
Nada similar ocurre con el candidato vacunal Abdala,
ingresado al país por convenio entre los gobiernos de Cuba y Venezuela para su
aplicación masiva en la población, sin que haya información precisa sobre su
eficacia o inocuidad. Diversas instituciones y organismos científicos del país
se han pronunciado al respecto. En particular, la Academia Nacional de Medicina
(ANM), a través de 35 boletines, ha sido celosa guardiana
de los principios que deben regir la aplicación de un plan nacional de
vacunación, sin que el régimen haya hecho caso de sus clamores y de su
disposición a asesorar en la materia.
En su boletín 35, la ANM se refiere particularmente a los prototipos
vacunales Abdala y Soberana. “Ambos CANDIDATOS A VACUNA se basan en desarrollos
experimentales semejantes a los que están siendo estudiados en otros
laboratorios en el mundo, pero que todavía no han resultado en el desarrollo de
ninguna vacuna de comprobada eficacia […]. La fuente principal de información
sobre los dos productos cubanos antes mencionados ha sido el periódico Granma,
el órgano oficial del partido comunista cubano”. Tenemos noticias de que las
Academias en conjunto preparan un pronunciamiento en ese sentido.
La Asociación de Investigadores del IVIC (AsoInIVIC)
explica que “para que un candidato vacunal pueda ser considerado vacuna es
importante asegurar y cumplir con las fases clínicas de evaluación de cualquier
biológico […]. Hasta la fecha, ni los estudios fase 1 y 2 (seguridad e
inmunogenicidad) ni fase 3 (eficacia) están publicados en alguna revista científica,
aunque sea en formato de pre-publicación”.
Por su parte, el Centro Nacional de Bioética (Cenabi)
menciona que “cuando se aplican estos productos con carácter experimental, se
hace en grupos limitados de personas con buena salud, generalmente adultos
jóvenes, que han dado libremente su consentimiento informado, siguiendo un
protocolo aprobado por un comité de ética […]. La magnitud de la compra
anunciada hace temer que se desvíen los recursos destinados al sistema Covax,
que sí garantiza vacunas de probada calidad, eficiencia e inocuidad, a bajo
costo”.
La ONG Médicos Unidos Venezuela (MUV) insiste en el tema, resaltando que Abdala es “un
producto para ensayo clínico, tal como reza la caja de presentación del
producto biológico. […] Desde MUV exigimos vacunas de comprobada calidad,
eficiencia, eficacia, seguridad e inocuidad, certificación de entes
regulatorios confiables, publicación científica en revista de prestigio
internacional, autorización de la OMS, atributos que aún no tiene la Abdala”.
Son todas estas razones valederas para considerar que
Abdala o cualquier otro candidato vacunal del cual se ignoren datos precisos
publicados en revistas especializadas o carezcan del respaldo de agencias
internacionales de vigilancia sanitaria, deben ser rechazadas como vacunas para
su uso masivo en la población hasta tanto no cumplan con tales requisitos. Los
venezolanos merecemos una respuesta científica y no política a nuestros
legítimos deseos de protección contra un virus que ya ha tomado la vida de casi
4 millones de personas a nivel mundial.
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