La ACNUDH entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de las operaciones de seguridad realizadas entre mayo de 2016 y noviembre de 2019.
Opinión / jueves 09 de julio de 2020
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
BACHELET Y SU HISTORIAL DE AGRAVIOS
“La
señora Bachelet estaba en Caracas cuando a él lo mataron ¿por qué no lo impidió?”.
Eso comentó desolada Walewska Pérez, viuda del Capitán de Corbeta Rafael Acosta
Arévalo, en una sentida entrevista concedida a Milagros Socorro, a
propósito del primer aniversario del vil asesinato de su esposo (29/06/2019) en
un centro de tortura de un organismo de seguridad del estado, torturas que
continuaron aun después de muerto, al negársele la posibilidad de unas exequias
dignas, acordes con los deseos de la familia.
Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio de 2019,
dejando el país el día en que el Capitán Acosta era secuestrado por las fuerzas
de seguridad del estado. De manera que mal podía pronunciarse sobre hechos que
aún no ocurrían. Fue el 1º de julio cuando se produjo su testimonio, escrito en
la habitual tesitura diplomática: “Estoy
conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el
trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa
de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la
vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de
libertad… Se deben adoptar urgentes medidas para prevenir la reincidencia de la
tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.
Un llamado tardío para el Capitán Acosta y letra muerta para otros, como se evidencia de la lectura del nuevo informe, un año más tarde a los acontecimientos ya reseñados, que hace pocos días emitió la ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Para que dieran cuenta de ellos, la ACNUDH entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de las operaciones de seguridad realizadas entre mayo de 2016 y noviembre de 2019. El régimen se limitó a expresar que la estrategia de “cuadrantes de paz” (¿alguien los recuerda?), implementados desde 2013, condujo a una disminución en la tasa de homicidios.
El
gobierno se empeña en hacer creer que sus cárceles son poco menos que
campamentos de verano, con “servicio de tres comidas diarias” y “reducidas
condiciones de violencia carcelaria”, salvo algunas “dificultades en materia de
alimentación y agua potable, entre otros, ¡debidas al impacto de las sanciones!
(exclamaciones mías)”. Empero, la
ACNUDH riposta que los problemas de acceso a los alimentos, la salud, el agua y
el saneamiento, más las detenciones arbitrarias (110 de ellas, documentadas),
denuncias de torturas y malos tratos, desapariciones forzadas, retrasos
judiciales indebidos y violaciones de las garantías procesales derivan todas
ellas en condiciones inaceptables de detención en la DGCIM, al no cumplir con
las normas ni los criterios internacionales en materia de derechos humanos, de
absoluto cumplimiento aún en estados de emergencia o en cuestiones de seguridad
nacional.
La ACNUDH
considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al
Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18)
siguen vigentes. Y a modo complementario añade 16 recomendaciones para orientar
al gobierno sobre la adopción de medidas concretas para abordar los múltiples problemas
de derechos humanos identificados en el informe recién publicado. Una larga
lista de buenos deseos que ojalá puedan cumplirse y que termina con un caramelo
para endulzarle al régimen su lectura: “Plantearse la revisión, suspensión o el
levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana
de Venezuela que obstaculizan los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a
los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19
sobre la población”. Con esta aseveración, la ACNUDH libera al régimen de gran
parte de la culpa y responsabilidad que éste tiene en los graves delitos
denunciados en el informe, para trasladarlos a factores externos que nada han tenido
que ver en la desinstitucionalización del estado venezolano a lo largo de más
de veinte años de oprobio.
En su infinito dolor la viuda del Capitán
Acosta decía en la entrevista antes citada: “A veces pienso que a nadie le
importa lo que estamos padeciendo los venezolanos”. A veces, sí. Pero las más
de las veces hay muchas voces adentro y más allá de nuestras fronteras luchando
por evidenciar la verdadera naturaleza del régimen. Perseveremos hasta lograr
ese cambio en democracia y libertad, que haga valer los derechos humanos para
todos los habitantes de nuestra comarca. No estamos solos.
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