Este es el gobierno que se precia de “obrerista”,
mientras persigue, encarcela, exilia a dirigentes sindicales y patronales,
destruye al país y convierte en indigentes a su gente, al punto de provocar el
éxodo de más de 4 millones de venezolanos. Ante esto debemos reaccionar.
Opinión / jueves 23 de enero de 2020
https://talcualdigital.com/la-oit-visita-a-venezuela-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
AL COMPÁS DE LA CIENCIA
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
“Los venezolanos exigen la liberación de Rubén
González, sindicalista condenado por la justicia militar a 5 años y 9 meses de
prisión tras reclamar mejoras salariales”. Titulares como este encabezaron las
reseñas en los medios de comunicación venezolanos al producirse la
noticia a mediados de agosto de 2019. Sin saberlo, en esas pocas palabras los reporteros
vaticinaban la esencia de los puntos elaborados en el extenso documento que un mes más
tarde publicaría la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las
condiciones laborales en la Venezuela “revolucionaria”, en respuesta a la queja
formulada por Fedecámaras sobre la inobservancia del régimen en relación a
métodos para la fijación de salarios mínimos (convenio 26), libertad sindical y
protección del derecho de sindicación (convenio 87), y consulta tripartita
(convenio 144).
La Comisión designada al efecto por la OIT examinó los
asuntos planteados desde la doble perspectiva de las organizaciones de patronos
y de trabajadores. Es de resaltar que Venezuela es miembro fundador de la OITy
cuenta con 54 convenios ratificados, resoluciones que a partir del año 2000 han
sido irrespetadas por el régimen a través de gravísimas injerencias en los
asuntos internos de las organizaciones sindicales.
El reciente documento de la OIT es demoledor. Con
abundancia de pruebas, en sus 256 páginas la Comisión denuncia las violaciones
a convenios firmados por el Estado; alerta sobre el persistente hostigamiento a Fedecámaras
y sus afiliados, y a sindicatos no afines al Gobierno; da fe del favoritismo y la
promoción de organizaciones paralelas para suplantar las legítimas; denuncia la
impunidad a actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización,
intimidación, así como vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por
sus dirigentes y miembros.
El documento de la OIT da plazo al régimen hasta el 1/9/2020
para cumplir con las exigencias planteadas. Por supuesto, nada de esto parece
preocupar al régimen. En cuanto a los reclamos sobre fijación de salario mínimo
y comisión tripartita (convenios 26 y 144), el primer incremento de 2020 fue
anunciado el 10 de enero de manera unilateral, como también lo han sido los más
de 20 aumentos aprobados desde 2014. Aumentos que, por lo demás, están lejos de
cumplir con el artículo 91 de la Constitución vigente: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita
vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales… El Estado garantizará a los trabajadores
del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será
ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta
básica”. Dicha canasta en diciembre de 2019 sumó la cantidad
de Bs. 27,3 millones (US$ 546 o 182 salarios mínimos). Pero el salario mínimo
aprobado por el Ejecutivo hace pocos días apenas equivale a US$ 3 mensuales, muy
por debajo del límite de pobreza extrema, el más bajo de la región, incluso
inferior al de Cuba, donde un obrero gana no menos de 16 dólares.
En relación a los reclamos sobre actividad sindical
(convenio 87), desde 1999 aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos
a juicios penales, muchos de ellos en la jurisdicción militar, lo que
constituye una violación grave de derechos humanos. Algunos han sido juzgados
en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica por años; otros
sujetos a restricciones en la libertad de tránsito por el país, salida al
exterior o participación en concentraciones o protestas de cualquier tipo.
El informe de la OIT resalta el caso de Rubén González,
secretario general de Sintraferrominera, sobre quien ha recaído la furia
gubernamental no solo para inhibir su acción sindical sino como ejemplo
disuasorio de la actividad sindical en general. El odio contra Rubén González
ha llegado al punto de negarle asistencia médica oportuna a las graves
dolencias de salud que en estos momentos sufre en su injusta prisión. Es esta
una forma más de tortura y violación de derechos humanos por un régimen que ya
no se preocupa siquiera en guardar las formas.
Este es el gobierno que se precia de “obrerista”,
mientras persigue, encarcela, exilia a dirigentes sindicales y patronales,
destruye al país y convierte en indigentes a su gente, al punto de provocar el
éxodo de más de 4 millones de venezolanos. Ante esto debemos reaccionar. Hoy,
23 de enero, es fecha propicia para invocar el espíritu de unidad que en 1958
nos agrupó para sellar entonces el destino de esa nueva Venezuela democrática y
progresista, que deberemos construir una vez más sin vacilar.
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