No nos engañemos, al enfrentar a la
sociedad del conocimiento del siglo XXI, el régimen no se detendrá en sus
esfuerzos por convertir a las universidades nacionales e institutos de investigación
en “liceos” formadores de cuadros políticos sumisos, como ya lo son esos
establecimientos mal llamados universidades, fundados a la carrera, restringidos
en su libertad de pensamiento y cátedra, con autoridades impuestas desde
arriba, al margen de esa “democracia participativa y protagónica” de la que
tanto se jactan.
Opinión / jueves 05 de septiembre de 2019
AL COMPÁS DE LA CIENCIA
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
Los constituyentes de 1999 fueron
generosos al incluir el artículo 109 en la Constitución de Venezuela, que eleva
a rango constitucional la autonomía universitaria, con una plenitud como nunca
antes. En dicho artículo, (1)“el Estado
reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a
los profesores, estudiantes y egresados de su comunidad dedicarse a la búsqueda
del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y
tecnológica […], (2) “se consagra la
autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los
programas de investigación, docencia y extensión” […], y (3) se faculta a las universidades
autónomas a darse “sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente
de su patrimonio”.
Hablamos entonces de una norma que
no puede ser cambiada a capricho del legislador, por cuanto cualquier reforma a
la Constitución precisa de pasos que ni siquiera la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (SC), torciendo el derecho, puede saltarlos. Pero
hete aquí que esa sala acaba de emitir la sentencia No. 324 del 27/02/2019, que
da al traste con la autonomía universitaria como la define el artículo 109 antes
descrito.
Ya circulan documentos jurídicos que
analizan en detalle esta aberrante decisión (Allan Brewer Carías,
constitucionalista; Academias Nacionales, por
citar solo dos). Al leerlos, uno confirma de nuevo que la arbitrariedad se ha
enseñoreado como norma de justicia en nuestro país.
En resumen: un grupo de 10 rectores
universitarios solicita en 2009 la suspensión de una norma electoral de la
entonces flamante Ley Orgánica de Educación (LOE, art. 34.3) por contravenir la
Ley de Universidades (LU) en lo relativo a las elecciones de autoridades
rectorales de las universidades autónomas; 10 años después, en la sentencia 324
ya mencionada, la SC suspende la vigencia de los artículos 31, 32 y 65 de la LU,
no de la LOE como fue solicitado; en una maniobra inconstitucional, cambia la
composición de la comunidad universitaria descrita en la Constitución
(profesores, estudiantes y egresados) para agregar los sectores obrero y
administrativo, modificando así la naturaleza académica del derecho a elegir
autoridades universitarias, en un acto que contraviene su propia sentencia 898
de 2002, en la cual la SC estableció que la elección de autoridades
universitarias se fundamenta en un derecho académico, mientras que la de los
comicios para escoger alcaldes, gobernadores o presidente de la República se
basa en un derecho político.
Ignorando la autonomía de las
universidades para darse sus propias normas de gobierno, la sentencia obliga a
realizar elecciones universitarias antes del 27/02/2020 bajo esas premisas
inconstitucionales, so pena de declarar la vacante absoluta de dichos cargos,
en cuyo caso el régimen procederá a usurpar la autonomía y designar a las
autoridades que a bien tenga, sin participación alguna de la comunidad
universitaria, último propósito de la arbitraria sentencia. Como globo de
ensayo, ya impusieron a juro al actual vicerrector académico de la USB.
Mientras tanto, en otra institución
académica como es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), instituto autónomo adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, por
encima del criterio académico se ha impuesto desde hace años el juicio político
de consulta general para la selección de sus autoridades académicas, en un
estilo similar al que hoy pretende imponerse a las universidades, para luego designar
a quienes gozan de las simpatías del régimen, ganadores o no en la consulta.
Pero a decir verdad, ya poco les importa: el actual director lleva dos años y
medio excedido en sus funciones, sin que asome en el horizonte la preparación
de una jornada electoral para renovar las autoridades que al fin y al cabo
serán las que se escojan en los círculos del poder.
No nos engañemos, al enfrentar a la
sociedad del conocimiento del siglo XXI, el régimen no se detendrá en sus
esfuerzos por convertir a las universidades nacionales e institutos de investigación
en “liceos” formadores de cuadros políticos sumisos, como ya lo son esos
establecimientos mal llamados universidades, fundados a la carrera, restringidos
en su libertad de pensamiento y cátedra, con autoridades impuestas desde
arriba, al margen de esa “democracia participativa y protagónica” de la que
tanto se jactan.
Estará en nosotros impedir esos
intentos de desnaturalizar la esencia universitaria, a los fines de que podamos
contribuir a la formación de ciudadanos libres y profesionales capacitados, en
favor del bienestar del país y sus ciudadanos.
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