Opinión / Jueves 03 de noviembre de 2016
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AL COMPÁS DE LA CIENCIA
GIOCONDA SAN BLAS
DE NUEVO EN GINEBRA, VENEZUELA EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
El Examen Periódico
Universal (EPU) se creó en 2006, en virtud de la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU). En 2011 había examinado los expedientes de derechos humanos
(DDHH) de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, recordando a los
Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los DDHH y
las libertades fundamentales. El objetivo es mejorar la situación de DDHH en
todos los países y abordar las violaciones dondequiera que se produzcan.
Se analizan tres informes: el del Estado, el de la Defensoría del Pueblo y el
elaborado por las organizaciones de la sociedad civil, los cuales abordan la
situación de derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales.
Ante
ese escenario se presentó el Estado venezolano, convocado por el Consejo de DDHH
en Ginebra el pasado 1º de noviembre. Al
Defensor del Pueblo (¿del puesto?) se le impidió participar, dado que la ONU
rebajó de A a B la categoría de la Defensoría, por considerar que “no está preparado para hablar con
contundencia y promover el respeto de los DDHH en respuesta a denuncias
creíbles de graves abusos de los DDHH cometidos por las autoridades
gubernamentales”, es decir, por no haber demostrado su independencia y
autonomía frente al Gobierno.
Las voces del régimen se hicieron oír, aunque contaran con
escasa credibilidad por parte de un panel de 103 países (70 en 2011) que
implacables, fueron desgranando una a una sus observaciones, obtenidas por
indagaciones propias y por el informe de la sociedad civil, para exigir del
estado venezolano más responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos en
temas relacionados con los DDHH.
En referencia al tema carcelario, “ese fue el sistema que nosotros encontramos, el sistema
de la Cuarta República, es una situación compleja que ya ha sido superada”. Estas cínicas palabras de la Ministra de Asuntos
Penitenciarios pretendieron no sólo ocultar las terribles cifras de
hacinamiento de los presos (170%), muertes violentas en las prisiones (más de 7
mil desde 1999) y otras realidades carcelarias violatorias de DDHH, sino
también achacar las culpas de esta situación a gobiernos que hace casi 20 años fueron
sucedidos en el poder precisamente por el régimen al cual representa la señora
ministra.
Por su parte, la pétrea canciller repitió una vez más su estribillo
mal aprendido sobre “los poderes
económicos, mediáticos y fácticos que arremeten contra nuestra patria,
pretendiendo alterar y vulnerar la progresividad y universalidad de nuestro
modelo de DDHH”, no obstante las cifras pasmosas entre 2014 y septiembre de
2016 de arrestos con fines políticos (6.535, según el Foro Penal), más de 100
presos políticos, tratos crueles e inhumanos, falta de atención médica y una
larga retahíla de violaciones a los DDHH más elementales. No le faltaron
felicitaciones a la Canciller por sus “avances” en la materia: las de Nicaragua,
Siria y Turquía, países cuya solvencia en materia de DDHH deja mucho que
desear.
La intervención de la ministra de la salud hizo pensar a
muchos que hablaba de otro país. Cifras inventadas en intento vano de ocultar la escasez de medicinas e insumos
médicos que llega al 86%, como puede atestiguar cualquier venezolano. Una burla
despiadada porque al hablar como lo hizo se estaba refiriendo a la salud, a la
diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.
La lista de observaciones fue extensa y apuntan a problemas
harto conocidos y sufridos por los venezolanos: falta de alimentos y medicinas,
distribución de alimentos según orientación política, pobreza y desnutrición en
aumento, dependencia judicial y electoral, trabas para el disfrute de una plena
libertad académica, educación limitada de los más desfavorecidos. Sume y siga…
Lo más grave es que muchas de estas observaciones ya le
fueron hechas a Venezuela en el EPU 2011. Sin embargo, fue conclusión del panel
de expertos que el Estado venezolano no solo no avanzó en estos 5 años, sino que
por el contrario, ha adoptado medidas regresivas que han comprometido
severamente el derecho a la salud y a la alimentación, a los DDHH, económicos y
sociales y ha ignorado la realidad del país.
“Reprobada”, es la evaluación que se anotó Venezuela en este
examen. Para el presidente, no obstante, “salimos eximidos”. Tal vez desconoce
la diferencia entre ambas categorías. Ya habrá tiempo de explicárselo.
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