Tales atropellos constitucionales han sido denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Venezuela es miembro desde sus inicios, hace 104 años. Tristemente, nuestro país aparece como punto recurrente de agenda en las reuniones que tres veces por año realiza el Consejo de Administración de la OIT (CA-OIT), algo que cuando ocurre no es heraldo de buenas nuevas.
Opinión / jueves 16 de noviembre de 2023
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
LA OIT Y LA JUSTICIA SOCIAL EN VENEZUELA
https://talcualdigital.com/la-oit-y-la-justicia-social-en-venezuela-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
Salarios y pensiones para
vivir con dignidad, sueldos equiparados a la canasta básica, derecho a la
negociación colectiva, respeto al derecho a la libertad sindical, cese a la
criminalización de la protesta… Consignas
como estas han marcado las masivas protestas de docentes, trabajadores, jubilados
y pensionados que a lo largo del año han ocurrido en Caracas y otras ciudades.
Razones hay de sobra:
en Venezuela no ha habido aumento del salario mínimo desde marzo de 2022,
cuando el régimen lo subió a Bs. 130 al mes ($ 30 de entonces), un monto de por
sí ridículo, que además se ha reducido 87% hasta $ 3,76 al ritmo de la
devaluación de la moneda local. Hoy una familia de 5 personas necesita 126
salarios mínimos mensuales para comprar la canasta alimentaria básica, cuyo
costo fue de $ 491 en agosto, dato que viola el art. 91 de la Constitución
(CRBV).
Para peor burla, el
ejecutivo ha sustituido el aumento salarial por creación de bonos arbitrarios con
denominaciones absurdas (bono Guerra económica / José Gregorio Hernández / Hogares
de la patria / El Esequibo es nuestro, etc…), ninguno de los cuales incide en
prestaciones sociales (art. 92 CRBV) ni resuelve las penurias económicas de los
beneficiarios.
Se suman los reclamos
por la restitución de derechos laborales, hoy secuestrados por el régimen, entre
ellos, la restauración de las mesas tripartitas (trabajadores, patronos,
gobierno) para la solución de problemas laborales diversos (art. 96 CRBV), el
derecho a la libertad sindical sin temor a sanciones penales o el cese de la
criminalización de la protesta (ambos en art. 95 CRBV), cuyas víctimas
más recientes (Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso
Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo) han sido condenados a 16 años de
prisión cada uno por hacer el trabajo que les corresponde como dirigentes
sindicales. A ellos se suma el estudiante
John Álvarez (UCV), arrestado por una supuesta implicación en planes
conspirativos con los 6 luchadores sociales antes mencionados. Como nota al
margen, el Foro
Penal contabiliza hoy 270 presos políticos (124 civiles y 146 militares),
ilegalmente detenidos en las peores circunstancias (arts. 44 a 46 CRBV).
Tales atropellos
constitucionales han sido denunciados ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Venezuela es miembro desde sus
inicios, hace 104 años. Tristemente, nuestro país aparece como punto recurrente
de agenda en las reuniones que tres veces por año realiza el Consejo de
Administración de la OIT (CA-OIT), algo que cuando ocurre no es heraldo de
buenas nuevas. La más reciente reunión, la 349ª, tuvo lugar entre el 30 de
octubre y el 9 de noviembre pasados.
En ella se exigió al
gobierno de Venezuela reportar los avances recomendados por la Comisión
de Investigación del CA-OIT en relación a las
convenciones 26 (fijación de salario mínimo), 87 (libertad de asociación y
protección del derecho a organizarse) y 144 (consulta tripartita, estándares
internacionales de trabajo), luego de la tercera reunión (30/01/2023 a
01/02/2023) del foro de diálogo social creado al efecto. Dados los magros
resultados presentados por el gobierno venezolano se acordó una cuarta sesión
del foro de diálogo social del 3 al 7 de octubre de 2023, con la asistencia de
una misión de la OIT. Allí se añadió la exigencia de liberación de los
dirigentes sindicales encarcelados en agosto, así como la reiteración de
adelantar los compromisos asumidos en reuniones anteriores. Al final, el
régimen abandonó la mesa de discusión por considerar que las condiciones no
estaban dadas para continuar. Se ha propuesto una nueva reunión en febrero de
2024.
Un punto a destacar de
la 349ª reunión del CA-OIT se refiere a la creación de una Coalición
Mundial por la Justicia Social, cuyo objetivo será el de generar mayores
compromisos políticos e inversiones que redunden en acciones concretas hacia la
justicia social y el trabajo decente, con miras a su reconocimiento en la
agenda multilateral, en particular, la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas
de 2024 y la Cumbre Social Mundial de las Naciones Unidas propuesta para 2025.
Entre los asociados podrán
estar gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales, órganos
internacionales del sistema de las Naciones Unidas, instituciones financieras, ONG,
instituciones académicas y de investigación aliadas de la OIT, unidas en la
aspiración de promover la justicia social como meta prioritaria en los
programas de desarrollo mundiales, regionales y nacionales, propiciando el
intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas, herramientas,
datos e información.
Esta puede ser una
plataforma interesante para que la Venezuela sindical, esa Venezuela menospreciada
por el régimen, pueda encontrar una nueva forma de relación con su entorno y
lograr resultados exitosos en sus luchas por una vida plena para los ciudadanos
de este maltratado país.
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