Desde que en 2000 el entonces presidente expresara su decisión de «demoler a la CTV» se aplica una política de estado antisindical en Venezuela que desdice de su pretendida calificación como «gobierno obrerista». En estos 22 años de régimen «revolucionario», la política antisindical ha avanzado hacia formas más hostiles contra quienes reclaman sus derechos: obstáculos al registro de organizaciones sindicales, despidos, procesos judiciales viciados y encarcelamiento, juzgamiento en tribunales militares…
Opinión / jueves 17 de febrero de 2022
El año 2022 abrió de manera trágica para el movimiento sindical venezolano, sin que hayamos observado de la ciudadanía y menos aún de quienes se dicen líderes, una reacción proporcional a la gravedad de los hechos. Por una parte, Ángel Jonás Espinoza, secretario general del sindicato Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) en el estado Bolívar, fue asesinado el 13 de enero a plena luz del día cuando conducía por las calles de Puerto Ordaz. Dos días más tarde, Jean Mendoza, secretario general del sindicato de la transnacional chilena Masisa, fue arrestado por reclamar a la empresa el incumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores, sin que valiera la inmunidad sindical garantizada en las leyes.
No
son casos aislados. En 2011, un informe
de Provea
reveló que desde 2005 hasta ese año, hubo al menos 273 asesinatos a
sindicalistas y trabajadores en todo el país. A su vez, la Coalición
Sindical de Venezuela informó en julio de 2021 que en los últimos 10 años ha
habido 151 detenciones inconstitucionales a líderes sindicales en el país.
Desde
que en 2000 el entonces presidente expresara su decisión de «demoler a la CTV»
se aplica una política de estado antisindical en Venezuela que desdice de su pretendida
calificación como «gobierno obrerista». En estos 22 años de régimen
«revolucionario», la política antisindical ha avanzado hacia formas más
hostiles contra quienes reclaman sus derechos: obstáculos al registro de
organizaciones sindicales, despidos, procesos judiciales viciados y
encarcelamiento, juzgamiento en tribunales militares…
Ante
esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estimó oportuno en marzo de 2018 activar
la Comisión de Encuesta para Venezuela, el procedimiento de investigación de
más alto nivel de la OIT, que en cien años solo se había activado 12 veces.
Entre otras precisiones, el informe de la Comisión
de Encuesta de la OIT apunta que «en Venezuela se configuró en los últimos 20
años una política de Estado antisindical con el propósito de debilitar y acabar
con el sindicalismo […] desde el Ejecutivo Nacional, con el respaldo del Poder
Judicial y el Ministerio Público y la complicidad de la Defensoría del Pueblo,
en un marco jurídico restrictivo a la movilización, concentración y huelga». Queda
claro para la OIT que «ejercer la libertad sindical en Venezuela implica un
riesgo a la libertad» ya que «el gobierno no respeta ni las normas nacionales
ni los convenios de la OIT que garantizan la libertad sindical». Tales
afirmaciones son respaldadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle
Bachelet cuando en la actualización de su informe, en marzo de 2020, expresó
que «también persisten restricciones a la libertad sindical a través de
desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales».
Mientras
tanto, el régimen no solo ha creado sindicatos paralelos pro gobierno (un
oxímoron) sino que ha enfrentado los movimientos sindicales con «consejos de trabajadores»
para el control obrero (Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y
Trabajadoras), «cuerpos de combatientes» y «milicias obreras» (Ley Orgánica de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), para ejercer un control vertical y
militarista de las relaciones de trabajo, y «patriotas cooperantes» (Sistema de
Protección Popular para la Paz), instancia promovida por el Ejecutivo Nacional
para convertir a los ciudadanos en delatores. El control anticonstitucional
impuesto desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el ejercicio libre
electoral de sindicatos y asociaciones es una piedra más en el propósito
expreso de debilitar las asociaciones profesionales y obreras.
Todo
esto ha producido un decaimiento del movimiento sindical venezolano que abarca
no solo a los sectores tradicionales ferrominero, petrolero y similares sino
también al mundo académico, a los universitarios y a las instituciones de
investigación científica, dependientes financieramente del estado. Ejemplo de
esto es la convención
colectiva única de trabajadores del sector universitario, firmada en
2011 con un único interlocutor: la Federación de Trabajadores y Trabajadoras
Universitarios de Venezuela (FTUV), organización al margen de las legítimas
asociaciones y sindicatos que históricamente han defendido a sus representados
en las discusiones de contrataciones
colectivas universitarias en el pasado.
Como lo menciona Provea en su informe 2021, todavía hay una fuerza sindical que, aunque débil, resiste. Por tanto, tiene «el reto de unir fuerzas para […] el logro de la restitución de la democracia y la vigencia de los derechos humanos laborales». No podrán hacerlo solos. Hará falta también que los líderes de la oposición venezolana aporten su decidido apoyo a la causa sindical.
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