La ONU reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como «entidades asociadas de pleno derecho». Al hacer uso de ese mecanismo, las ONG venezolanas enviaron 174 informes sobre abusos y violaciones a los DDHH en el país. Y además, las ONG Civicus, RedLad y Espacio Público, en comunicado conjunto, afirmaron que «de las 40 recomendaciones recibidas en 2016 sobre el espacio cívico, Venezuela solo implementó parcialmente siete».
https://www.vozdeamerica.com/a/estadosunidos_eeuu-anuncia-regreso-consejo-derechos-humanos-onu/6071416.html
Opinión / jueves 03 de febrero de 2022
Para los participantes en el Examen Periódico Universal (EPU) el pasado 25 de enero de 2022, debe haber sido una experiencia sublime entrar a la «Sala de los Derechos Humanos (DDHH) y de la Alianza de Civilizaciones» de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde tuvieron lugar las sesiones. Es difícil apartar los ojos de la espectacular cúpula que recoge en una explosión de colores «la imagen del mundo goteando hacia el cielo […] en unión de contrarios», según Miquel Barceló, autor de la obra de arte, llamada por algunos «la Capilla Sixtina del siglo XXI».
No
obstante, la mirada ha de ser desviada hacia lo terreno porque son asuntos de
este mundo los que convocan a los participantes. Es el EPU,
un examen especial quinquenal entre los Estados miembros de la ONU, establecido
como mecanismo cooperativo de rendición y asistencia en materia de DDHH, que en
esta ocasión evalúa a Venezuela, en un tercer ciclo (primer ciclo, 2011;
segundo ciclo, 2016).
En
total 103
países plantearon recomendaciones al gobierno venezolano. Entre muchos
otros, los temas más reclamados fueron la libertad de expresión, liberación de
presos políticos (245
al día que esto escribo), seguridad alimentaria y acceso a la salud, ejecuciones
extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, reforma del sistema de
justicia y garantía de independencia de poderes; temas reiterativos desde 2011 que
afectan los DDHH de los venezolanos y el ejercicio de la democracia en el país,
sin que hasta la fecha el régimen haya hecho algo por resolverlos.
La
ONU reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como «entidades
asociadas de pleno derecho». Al hacer uso de ese mecanismo, las ONG venezolanas
enviaron 174
informes sobre abusos y violaciones a los DDHH en el país. Y además, las ONG
Civicus,
RedLad y Espacio Público, en
comunicado conjunto, afirmaron que «de las 40 recomendaciones recibidas en 2016
sobre el espacio cívico, Venezuela solo implementó parcialmente siete».
La
Oficina de la Alta
Comisionada de la ONU para los DDHH reiteró su malestar por los pocos
avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de
la administración actual, responsables de graves violaciones a los DDHH.
Mientras
tanto, el régimen
por voz de la vicepresidenta y en conexión remota, aseveró sin rubor que la
administración actual garantiza los derechos políticos, civiles, económicos y
sociales de todos los venezolanos; que Venezuela está dentro de los pocos
países menos desiguales de América Latina y el Caribe; y que ha mantenido un
crecimiento del Producto Interno Bruto de más del 7% desde 2016. Por supuesto,
no pudo faltar la invocación
«al cerco económico, el bloqueo financiero y acoso mediático» contra la nación.
E insistió, no faltaba más, en la arremetida de «los poderes económicos,
mediáticos, fácticos contra nuestra patria, pretendiendo alterar y vulnerar la
progresividad y universalidad de nuestro modelo de DDHH».
Casi
en coincidencia con el tercer ciclo del EPU para Venezuela, Freedom House, organismo para la defensa
de DDHH, políticos y cívicos, publicó su informe 2021. En él se analiza, entre
otros factores, el índice de libertad global de unos 70 países. En una escala
de 1 a 100, los países escandinavos sobresalen con 100 puntos; en el extremo
opuesto, Corea del Norte (3). De los países latinoamericanos, Uruguay (98),
Chile (93), […], Haití (37), Nicaragua (30). ¿Y Venezuela? Apenas 14. De manera
que tienen razón las ONG al reclamar en el EPU la falta de libertad en el país.
Las
observaciones reclamadas al gobierno venezolano en la sesión del 25 de enero fueron
recogidas para su preparación como informe, trabajo encomendado a una troika
relatora, elegida por sorteo, constituida por Somalia, Indonesia y Cuba, cuyos
índices de libertad global son, respectivamente, 7, 59 y 13. Con razón Héctor
Faúndez, en artículo reciente, manifiesta que «ninguno de ellos es un
ejemplo a seguir en materia de respeto a los DDHH. Más bien, es probable que
los representantes de esos países sientan simpatía con las prácticas de
Venezuela en materia de violación de DDHH, que no son distintas a las de sus
propios países».
Sin más fuerza que la moral para abogar por cambios democráticos, luce poco lo que puede hacerse en escenarios como los del EPU. ¿Cómo hacer para obligar a los políticos a cumplir con los compromisos asumidos en esas costosas reuniones? Quizás, recurrir a la vieja costumbre del cónclave vaticano reunido en la Capilla Sixtina (la original) para elegir un nuevo Papa: reclusión forzada de los cardenales electores, sin contacto con el mundo exterior, puertas cerradas a cal y canto, y guardias suizos vigilantes ante cualquier intento de escape de los ilustres funcionarios a cargo de la misión encomendada.
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