En un plan de destrucción por diseño, nada dejado al azar, el régimen avanza en contra de la universidad autónoma, libre, plural y democrática.
Opinión / jueves 29 de julio de 2021
La noticia del fallecimiento del Rector (USB) Enrique
Planchart me sorprende mientras escribo estas líneas. Defensor incansable de la
autonomía universitaria, durante sus últimos años y sin que lo doblegaran sus
problemas de salud, mantuvo con firmeza su posición rectoral como testimonio de
la institucionalidad debida al cargo y desafío a la pandilla que usurpó
funciones académicas, en asalto a las normas constitucionales autonómicas.
Su firme actitud contra la barbarie anti universitaria
se enmarca dentro de los cánones que reiteradamente en estos días se han hecho
públicos a través de manifiestos como el de la Federación de Asociaciones de
Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), la declaración de la Corte Inter-Americana de
Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales y los documentos de
Scholars at Risk (SaR),
todos los cuales expresan preocupación por la situación de la autonomía
universitaria y la libertad académica en Venezuela.
En un plan de destrucción por diseño, nada dejado al
azar, el régimen avanza en contra de la universidad autónoma, libre, plural y
democrática. Beneficios laborales eliminados, sueldos miserables, convenios
colectivos firmados sin participación tripartita, estructuran un paquete de
violaciones a acuerdos gremiales suscritos en el pasado. Y son razones, entre otras,
para la erosión a la mitad de su planta profesoral, huidos del país en procura
de horizontes más amables, dejando atrás salones de clase y laboratorios de
investigación, que inactivos y abandonados, han comenzado a ser pasto de
pillajes.
Más grave aún, las acciones dirigidas a destruir la
universidad abierta a todas las corrientes del pensamiento universal buscan
imponer un modelo educativo politizado y dirigido a adoctrinar más que a
educar. El régimen intenta controlar a la sociedad del conocimiento a través de
leyes como la Ley de Educación Universitaria, proyecto en discusión actualmente en la Asamblea
Nacional, en el marco de «construcción de una sociedad socialista», a través de
un proceso de «hegemonía cultural para la superación de la sociedad
capitalista».
No en balde, el Índice de Libertad Académica en Venezuela apenas alcanza a 0.20 sobre 1, muy por
debajo de 0.77 exhibido por el promedio de países de América Latina y el
Caribe. Razones sobran para esa baja valoración. Los documentos arriba
mencionados las señalan: incumplimiento de leyes internacionales suscritas por
Venezuela en favor de la libertad académica; limitaciones a la autonomía
universitaria; señalamiento de profesores y estudiantes por expresar ideas
libertarias académicas; y en casos más graves, detención arbitraria, arresto,
violencia, entre muchas otras acciones anti universitarias.
Entonces, no es de extrañar que las instituciones
reclamen exigencias a los efectos de garantizar el retorno a las libertades de
pensamiento, expresión y cátedra, indispensables para la vida universitaria. Son
parte del menú de exigencias: suspender acciones encaminadas a arrestar,
acusar, ejercer violencia contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la
libertad académica; garantizar presupuestos adecuados para el ejercicio de la
función académica; liberación de profesores y estudiantes presos por razones
relacionadas con la libertad académica.
En su documento, la CIDH destaca el rol trascendental
que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de
intercambio de ideas. A su vez, resalta la estrecha relación existente entre la
libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad
democrática. Tal como ha expresado la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la
Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, «sin libertad
académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del
autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de
conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas
y en las condiciones sociales».
Es lamentable que en este año 2021, cuando deberíamos estar
celebrando con regocijo los 300 años de la Real Cédula de Felipe V que eleva el
Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima a Real Universidad de Caracas, a cumplirse el próximo 22 de diciembre, tengamos más
bien que estar luchando contra los atropellos de quienes tienen en la
ignorancia una fórmula infalible para la sujeción social, receta ya denunciada
por el Libertador en 1827, al transformar la colonial Universidad de Caracas en
republicana Universidad Central de Venezuela: “El más preciado instrumento para
la conservación y defensa de la libertad es una universidad capaz de formar
hombres libres para dirigir la vida colectiva en búsqueda del beneficio común ".
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