El catálogo de carencias en el sistema de salud pública venezolano es infinito. Organizaciones de la sociedad civil atentas a denunciar atropellos contra los derechos humanos de los ciudadanos, entre ellas, organizaciones de defensa del derecho a la salud, periódicamente elevan reclamos documentados al Comité de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
https://efectococuyo.com/salud/jm-de-los-rios-dolor-nefrologia-tres-tiempos/
Opinión / jueves 28 de julio de 2022
https://talcualdigital.com/mendigos-de-la-salud-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS
«He visto muchos compañeros
fallecer a la espera de un trasplante. Yo no quiero que a mí me pase lo mismo» dijo
la niña Niurka Camacho, paciente renal del Hospital de Niños J.M. de los Ríos
en Caracas, ante el tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) cuando sus padres y los de tantos otros niños como ella apelaron a ese
tribunal internacional, luego de haber agotado infructuosamente las instancias
nacionales en búsqueda de justicia.
¿Qué exigían? Hacer valer el derecho
humano a la salud, a la cual está obligado el Estado venezolano no solo por imperativo
constitucional (arts. 83 a 86) sino por las instancias internacionales de
derechos humanos a las cuales Venezuela
está suscrita.
En febrero de 2018, la CIDH
falló a favor de los menores y aprobó medidas cautelares para proteger a los
pacientes en el área de Nefrología, una decisión que en agosto de 2019 fue
ampliada a los 13 servicios de dicho hospital.
Tal medida fue burlada por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entidad inconstitucionalmente colonizada por
el régimen (art. 254 de la Constitución), cuando se negó a obligar al Estado a
dotar los centros públicos de salud, con base en una torcida jurisprudencia de
2005 según la cual los derechos económicos, sociales y culturales establecidos
en el Pacto
de las Naciones Unidas, de obligatorio cumplimiento por parte del estado
venezolano, no pueden ser reclamados ante los tribunales venezolanos sino a
través del ejercicio del sufragio.
Niurka
falleció el 4 de agosto de 2021 esperando ese trasplante de riñón que el régimen
-indolente, insensible y criminal- no le garantizó. Tenía 15 años. Con ella y
por la misma causa han muerto más de 70 niños, solo en ese hospital, en años
recientes. Niurka, Jeannys, Daniel, Elián, Anastasia, Samira, Eugenia, Elvis son
apenas algunos nombres de esos niños hoy ausentes para siempre, llorados por
sus familias y por la sociedad. Personalizarlos no hace sino aumentar la rabia
ante la impotencia que nos abruma.
¿Por qué estos niños y tantos
adultos (se estiman más de 8 mil personas en diálisis) no pueden optar por un
trasplante de riñón? Hasta mediados de 2014, la Organización Nacional de
Trasplantes (ONTV), fue la ejecutora eficiente del Sistema de Procura de
Órganos para Trasplante (SPOT). Fiel a sus ejecutorias a lo largo de 23 años,
el régimen cerró lo que funcionaba bien y creó la inútil Fundación Venezolana
de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE), adscrita
al Ministerio de Salud, que desde el 1/6/2017
tiene frenado el programa de trasplantes de órganos, presuntamente por no poder
garantizar el suministro de inmunosupresores, con lo cual muchos han quedado
privados del beneficio de prolongar sus expectativas de vida.
Penosamente, no es éste el
único sector de la salud pública reducido a la nada en estas décadas de
ignominia. Aquella exitosísima campaña
admirable de Arnoldo Gabaldón y Enrique Tejera (Ministro de Sanidad de la
época) que hace más de 70 años erradicó casi de raíz la malaria del suelo
venezolano, ha quedado en el recuerdo de los libros de historia. Hoy, en pleno
siglo XXI, la situación no puede ser más lastimosa: El Reporte
Mundial de Malaria 2020 estimó que 467.421 casos de malaria ocurrieron en
Venezuela en 2019, un aumento de 1.200% comparado con el año 2000; igualmente
duras, las cifras de mortalidad por malaria: 403 muertes en 2019 en Venezuela,
que suman el 73% del total de muertes por malaria en el continente.
El catálogo de carencias en
el sistema de salud pública venezolano es infinito. Organizaciones de la
sociedad civil atentas a denunciar atropellos contra los derechos humanos de
los ciudadanos, entre ellas, organizaciones
de defensa del derecho a la salud, periódicamente elevan reclamos documentados
al Comité de Derechos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas.
En la actualización 2021, ellas
registran que más del 50% de la población (16 millones de personas) perdió más
de 80% de servicios de salud públicos gratuitos que quedaron inoperativos o
cerrados; 4,4 millones perdieron sus seguros médicos, públicos y privados,
aumentando a 68,2% la población sin protección financiera para afrontar gastos
de enfermedad; 4 millones carecen de acceso a medicamentos por sus costos
inaccesibles o desabastecimiento. El Comité arriba mencionado ha tomado nota de
las denuncias y en su Examen Periódico Universal ha elevado sus recomendaciones
al Estado venezolano, pocas de las cuales han sido aceptadas por el régimen. Aun
así, habrá que seguir denunciando, porque las causas contra violaciones a los
derechos humanos no prescriben.
Testigos de la indigencia
sanitaria en que hemos caído son las redes sociales, atiborradas de solicitudes
de apoyo financiero para cirugías y tratamientos. No en balde, la madre
de Miguel, uno de los niños en espera de trasplante de riñón en el Hospital
JM de los Ríos, dice con tristeza: «Me siento abatida porque nos hemos
convertido en mendigos de la salud».
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