El informe FIDH/PROVEA destaca la participación creciente de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que pasó de 61 en 2019 a 144 en 2021, para atender 98 y 223 proyectos, respectivamente.
https://www.elimpulso.com/2021/11/06/gobierno-interino-la-emergencia-humanitaria-en-venezuela-se-profundiza-a-diario-6nov/
Opinión / jueves 31 de marzo de 2022
https://talcualdigital.com/con-la-comida-no-se-juega-por-gioconda-cunto-de-san-blas/
Hace pocos días, Luis Francisco Cabezas, director de la ONG Convite AC, manifestaba su angustia ante la diseminación de un bulo según el cual, todo en Venezuela «se está arreglando» cuando al contrario, la Emergencia Humanitaria Compleja, resultado de una conjunción de factores políticos, económicos y sociales, se cierne sobre 7 millones de personas y hace de la supuesta mejoría un espejismo, producto de burbujas de confort en sectores privilegiados de la sociedad.
Un
informe publicado hace un par de semanas por la Federación Internacional por
los Derechos Humanos (FIDH) y el Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), titulado «Con
la comida no se juega: graves violaciones al derecho humano a la alimentación
en Venezuela», da fe de las inmensas dificultades que tenemos actualmente
para salir del foso en el que hemos caído tras 23 años de desatinos gubernamentales,
que nos han ubicado como el segundo peor país suramericano en el Índice
de Desarrollo Humano.
El
informe en cuestión se enfoca en un minucioso análisis del nivel de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación por
parte del Estado Venezolano entre 2016 y 2021, en el marco del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, del cual
es signataria Venezuela. Su lectura y las cifras allí presentadas desazonan al constatar,
una vez más, nuestro desamparo en un país que hasta finales del siglo pasado
tenía -con limitaciones, no cabe duda-
records envidiables de prosperidad en el concierto de los países latinoamericanos.
Así
las cosas, la FIDH y PROVEA nos recuerdan que en los últimos seis años, la
economía venezolana se ha contraído en más del 80 por ciento de su producto
interno bruto (PIB), una de las contracciones económicas más profundas fuera de
contextos bélicos, traducida en un incremento exponencial de la pobreza.
Como
quiera que el derecho a la alimentación está estrechamente relacionado con el
derecho de acceso a otros recursos como la tierra, el agua y ciertos servicios
básicos, los autores se remiten al informe de Seguimiento
sobre los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela el
cual documenta que para 2021 ha caído en 90% el suministro de agua a través de
la red de acueductos y 70% de la población enfrenta deficiencias en el servicio
de agua potable, entre otras cifras. En cuanto al servicio eléctrico, la generación
ha caído 74% por lo que se registraron 174.000 apagones en 2021 que afectaron
al 74,2% de la población.
Todo
esto, consecuencia de la desinversión en la infraestructura básica, representa
una clara violación de la obligación que tiene el Estado venezolano de
facilitar las condiciones indispensables para la salud y la alimentación de los
venezolanos, según lo afirma la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
en Venezuela (OCHA).
El
irrespeto del régimen a los compromisos adquiridos en el Pacto de Derechos de
la ONU ha impedido el acceso a una alimentación adecuada, a pesar de que la
seguridad alimentaria en Venezuela tiene rango constitucional (art. 305) desde
1999. Los múltiples controles en la Ley de Costos y Precios Justos (2014), la
Ley de Abastecimiento Soberano (2017), la creación de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP, programa de distribución de algunos
alimentos básicos importados desde 2016) y otras legislaciones, incidieron en
la caída de la producción local en los principales rubros agrícolas y en la consiguiente
escasez de alimentos.
Al
dejarse de aplicar el Codex Alimentario de la FAO y suspendidos los controles sanitarios
de los productos importados, la política de distribución de alimentos
subsidiados a través de los CLAP resulta en un vínculo clientelar y de
dependencia para mantener el control político en un contexto de conflicto
social.
El
informe FIDH/PROVEA destaca la participación creciente de las organizaciones de
la sociedad civil nacionales e internacionales, que pasó de 61 en 2019 a 144 en
2021, para atender 98 y 223 proyectos, respectivamente. Paralelamente a
permitir un tímido ingreso del Programa Mundial de Alimentos, el régimen intensifica
desde 2020 medidas restrictivas para el normal desenvolvimiento de las
organizaciones humanitarias (Acción Solidaria, Alimenta la Solidaridad, Convite
AC, Azul Positivo, entre otras), víctimas del apetito represivo del régimen.
El
informe FIDH/PROVEA cierra con recomendaciones al Estado venezolano y a
terceros países. Entre los primeros, facilitar la acción humanitaria de las
organizaciones, trabajar en conjunto con el sector privado y la sociedad civil
para reactivar el sistema alimentario. Y entre los segundos, exhortar en el seno
del Consejo de Derechos Humanos al Estado venezolano a permitir la visita de 10
relatores de los procedimientos especiales, entre ellos, al Relator sobre el
Derecho a la Alimentación y al Relator sobre la Extrema Pobreza y los Derechos
Humanos.
Lo
que está en juego es la salud de los venezolanos, no es poca cosa.
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